Opinión | Editorial

Sánchez y la excepcionalidad

Las dudas sobre su futuro político personal no tienen por qué implicar una crisis institucional

Pedro Sánchez.

Pedro Sánchez. / Archivo / E.P.

La carta en que Pedro Sánchez anunciaba un periodo de reflexión sobre su futuro como presidente del Gobierno fue un gesto sorprendente, incluso para un político inclinado a ejecutar movimientos disruptivos: es tan comprensible que desencadene muestras de adhesión vehementes como las vistas este sábado en Madrid como cuestionamientos considerando sus altas responsabilidades. El principal motivo esgrimido por Sánchez para el paréntesis, que en principio se cierra hoy lunes, es una investigación judicial contra su esposa, Begoña Gómez. Una investigación abierta por un juez a raíz de las denuncias con escaso fundamento del sindicato de extrema derecha Manos Limpias. Es posible que el malestar familiar por esta circunstancia y, sobre todo, por los años de enorme tensión acumulada, sea mayor de lo imaginado. Igualmente, no es descartable que concurran otros elementos en estos momentos desconocidos. 

Que el presidente del Gobierno haya cancelado su agenda pública para meditar qué hacer a partir de ahora ya ha tenido consecuencias. En primer lugar, ha provocado entre los socialistas y sus simpatizantes una fuerte corriente de solidaridad y apoyo, con todo tipo de expresiones destinadas a convencer a Sánchez para que siga. Entre los partidarios del presidente ha calado hondamente el peligro de una dimisión. Asimismo, los lamentos y acusaciones expresados por Sánchez en su carta abierta han impulsado a una parte considerable de la opinión pública y de los medios de comunicación a entablar el debate sobre las formas de la confrontación democrática, que en España ha tomado un cariz despiadado, en que todo vale contra el adversario político. Hemos vuelto a la fractura y al guerracivilismo. Que no se trate de un fenómeno únicamente español no lo hace menos alarmante. El debate abierto ha incluido también llamamientos a encarar ya sin contemplaciones la reforma del poder judicial. El anuncio de Sánchez ha tenido, por último, un fuerte impacto en la campaña catalana. La situación del presidente acapara, lógicamente, la atención de los medios de comunicación y la ciudadanía, y, por consiguiente, hace muy difícil que los partidos políticos puedan vehicular con nitidez sus propuestas a los electores llamados a decidir el rumbo que Cataluña.

Sea cual sea la determinación que adopte Sánchez, y a pesar del extraño preámbulo que ha mantenido en vilo al país, no debería haber motivos para la alarma, para considerar que las dudas del presidente sobre su futuro político personal deben implicar una crisis institucional excepcional. En caso de optar por dejar la Moncloa, el presidente español no será ni el primer ni el último mandatario que, por la razón que sea, opta por salir de escena. El año pasado, por ejemplo, la neozelandesa Jacinda Ardern renunció al cargo de primera ministra tras confesar que no se sentía con la suficiente energía para continuar. Que se produzca un relevo al frente del ejecutivo o bien que nos encaminemos a corto plazo hacia una convocatoria de elecciones generales son posibilidades contempladas por la Constitución y perfectamente reguladas. Tanto si Sánchez decide marcharse como si se queda, cabe reclamar a todos los actores políticos que actúen con la máxima responsabilidad institucional y con el sentido de estado que demasiadas veces en los últimos tiempos se ha echado en falta. Que contribuyan a la serenidad. Sin añadir tensión a un clima político que, como señalábamos, se encuentra cargado en exceso de desasosiego y enojo.

Suscríbete para seguir leyendo